Los anuncios de alquiler de temporada y por habitaciones ya superaban en número a los de viviendas completas para residencia habitual en las capitales españolas antes de la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, según un informe del Ministerio de Consumo coordinado por Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC).
Entre marzo y septiembre de 2026 se publicaron en Idealista 381.997 anuncios de alquiler en 53 capitales: 168.797 de alquiler residencial (44,2 %), 182.222 de habitaciones (47,7 %) y 30.978 de temporada (8,1 %). Por viviendas, el reparto es del 68,4 %, el 19,1 % y el 12,5 %, y por cada diez completas en alquiler residencial se anuncian 2,8 compartidas y 1,8 de temporada. En total, 18,4 anuncios de temporada por cada cien residenciales.
La oferta de temporada se concentra: Madrid (7.397) y Barcelona (6.708) suman el 45,5 %, con el 23,9 % y el 21,7 %, y cada una triplica a Valencia (2.043). Siguen Málaga (1.654), Sevilla (1.258), Santander (1.153) y Granada (1.078). En San Sebastián, los anuncios de temporada equivalen al 147,1 % de los residenciales; en Cádiz, al 107,1 %, y en Santander, al 79,6 %.
Nueve capitales son zona de mercado residencial tensionado: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Pamplona y A Coruña. La mediana de la temporada sobre el residencial es allí del 31,2 %, frente al 9,3 % del resto. Por ciudades, 147,1 % en San Sebastián, 67,5 % en Barcelona, 37,5 % en Bilbao, 35,1 % en A Coruña, 31,2 % en Pamplona, 21,4 % en Vitoria-Gasteiz, 18,2 % en Girona, 17,3 % en Tarragona y 6,1 % en Lleida, la única por debajo de la mediana de las no declaradas.
El precio por metro cuadrado de la temporada es de mediana un 2,2 % mayor que el del alquiler residencial, y la diferencia no es significativamente mayor en zonas tensionadas. Durante el periodo, la temporada no tenía duración mínima ni prórrogas obligatorias ni, salvo en Cataluña desde enero de 2026, límites de renta de zonas tensionadas.
El decreto-ley exige una causa real y acreditable de temporalidad, limita duración y encadenamiento de contratos y aplica garantías y límites de renta del alquiler de vivienda; estaba pendiente de convalidación parlamentaria al redactarse el informe. El estudio establece una línea de base con datos anteriores a la reforma.
