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Cáritas estima que el 50,6% de los inquilinos no tiene ingresos suficientes para alquilar a precio de mercado

El 50,6% de las personas que alquilan en España no tiene un nivel de ingresos suficiente para acceder hoy al mercado del alquiler, según el estudio «La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia», que Cáritas Española y la Fundación FOESSA presentaron en…

Cáritas estima que el 50,6% de los inquilinos no tiene ingresos suficientes para alquilar a precio de mercado

El 50,6% de las personas que alquilan en España no tiene un nivel de ingresos suficiente para acceder hoy al mercado del alquiler, según el estudio «La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia», que Cáritas Española y la Fundación FOESSA presentaron en rueda de prensa.

Además, siete de cada diez personas inquilinas no podrían acceder a la financiación necesaria para comprar una vivienda. El estudio presenta el alquiler y la compra como dos escenarios que se comparan sobre la misma población de referencia, los hogares que vivían de alquiler en 2024 según la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de FOESSA (EINSFOESSA 2024). Para la compra, el modelo toma una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, con un 10% de gastos asociados, una financiación máxima del 80%, un plazo hipotecario de 25 años, un tipo de interés del 2,5% y el mismo umbral de esfuerzo del 30%.

Cuando el ingreso no alcanza para alquilar ni para comprar, los hogares buscan alternativas en habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o viviendas en malas condiciones. En 2025, una de cada cuatro personas atendidas por Cáritas, 266.435 personas, había recurrido al realquiler de habitaciones como solución habitacional. Esta situación afecta sobre todo a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes y hogares con baja intensidad laboral o ingresos insuficientes o variables.

El subarriendo informal tiene consecuencias directas sobre la vida de quienes lo sufren. Al no existir, por lo general, un contrato formal de arrendamiento, la persona queda sin seguridad jurídica frente a cualquier conflicto con el propietario y puede encontrarse con que se le niegue el empadronamiento. Quien vive así se expone a la expulsión inmediata, sin aviso previo, lo que el estudio denomina desahucios invisibles, y a restricciones en el uso de los espacios compartidos. La habitación se convierte en el único espacio para descansar, comer, guardar pertenencias, estudiar, trabajar o cuidar a los hijos.

Los efectos recaen también sobre la infancia y la adolescencia, cuya seguridad y bienestar se ven condicionados, y dificultan el ejercicio cotidiano de la crianza.

Para el estudio, las respuestas deben diferenciarse por grupos y territorios. Para los hogares con ingresos medios sin ahorro, pueden ser relevantes los mecanismos que reduzcan la barrera de entrada y faciliten una financiación responsable. Para los hogares con ingresos bajos o inestables, el eje debe ser el alquiler social de las administraciones públicas. En los territorios tensionados, la prioridad es ampliar la oferta efectiva y aplicar medidas de regulación que eviten la expulsión de residentes con menor capacidad económica. Donde el alquiler resulta más excluyente que la compra, el estudio plantea ampliar el parque de alquiler asequible.

El estudio se titula «La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia» y fue presentado por María González Dyne, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, sociólogo del comité técnico de la Fundación FOESSA.

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