El Boletín Oficial del Estado publicó el 3 de octubre la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que reforma el marco legal de discapacidad y dependencia en toda España. La norma entró en vigor el viernes 23 de octubre.
La equivalencia con la discapacidad se aplica en el ámbito de la Ley General de Discapacidad: los grados I, II y III de dependencia se asimilan a un 33 % o a un 65 % de discapacidad. No tiene efectos tributarios y solo rige en los ámbitos que la ley prevé expresamente.
La teleasistencia se reconoce ya como derecho para cualquier persona dependiente, con atención continua y adaptada a su voluntad, deseos y preferencias.
La asistencia personal, antes limitada a lo educativo y lo laboral, se amplía hacia la autonomía y la vida independiente. La ayuda a domicilio llega también al entorno comunitario cercano, con grupos reducidos de vecinos que pueden organizarse de forma colectiva y voluntaria.
Se incorporan alternativas habitacionales y de cuidados, así como productos de apoyo para la autonomía personal en el catálogo de servicios, que favorecen la permanencia en casa y mejoran las condiciones de los cuidados.
La ley estatal elimina la incompatibilidad entre prestaciones económicas y servicios, dentro de las intensidades de cada grado, mientras las comunidades autónomas mantienen sus propios regímenes. La reforma del Programa Individual de Atención agiliza su tramitación y coloca en el centro la decisión de cada persona.
La norma incorpora además las perspectivas de género e interseccional y refuerza la protección de mujeres, niñas y niños con discapacidad. Pretende superar una concepción asistencialista para avanzar hacia un sistema basado en los derechos humanos y la vida independiente.
