La Fiscalía General del Estado sitúa en uno de cada cinco delitos cometidos en España una dimensión digital. Lo hace a través de su titular, Teresa Peramato Martín, en la sesión inaugural del DATAfórum Justicia 2026, celebrado en A Coruña, donde la ciberdelincuencia «ha dejado de ser una amenaza emergente» para convertirse en una de las principales formas de criminalidad.
Durante 2025 se registraron en España 33.851 procedimientos y diligencias de investigación relacionados con el ámbito de la ciberdelincuencia, un incremento cercano al 25 % respecto al año anterior. El 85,53 % de esos procedimientos correspondió a estafas y otras defraudaciones. Aun así, este tipo de delincuencia afecta cada vez más a bienes jurídicos estrechamente ligados a la persona, como la intimidad, la propia imagen, la libertad sexual o la integridad moral, que encuentran nuevas formas de vulneración en el entorno digital.
Esa afectación recae de manera especialmente intensa sobre mujeres, niñas y adolescentes, que siguen siendo destinatarias preferentes de formas de violencia ejercidas a través de la tecnología: el acoso en línea, la difusión no consentida de contenidos íntimos, la violencia sexual digital y determinadas formas de control y vigilancia en las relaciones afectivas.
La investigación de estos delitos presenta dificultades muy distintas de las de la delincuencia tradicional. Un mismo hecho puede afectar a cientos o incluso miles de personas repartidas por distintos territorios, los autores pueden encontrarse en países diferentes de aquel en el que se producen los efectos y los datos relevantes pueden estar almacenados en servidores de varias jurisdicciones. A ello se añade la especial volatilidad de la prueba digital.
En ese contexto, la Fiscal General sitúa la atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal como una de las claves. Según la experiencia acumulada, una parte importante de las dificultades deriva de la fragmentación territorial de las investigaciones, y la organización unitaria del Ministerio Fiscal, con presencia en todo el territorio nacional, permite abordar estos fenómenos con una perspectiva global y una respuesta más coherente.
La especialización es otro elemento decisivo. La investigación de la criminalidad tecnológica exige conocimientos avanzados en informática forense, ciberseguridad, telecomunicaciones, inteligencia artificial, criptomonedas y análisis de datos, y el Ministerio Fiscal, según la propia Fiscal General, ya dispone de una estructura de especialización y de fiscales con amplia experiencia. A ello se suma la cooperación internacional, que la Fiscal General considera esencial en cualquier investigación compleja.
Por último, la inteligencia artificial ocupa un lugar propio en el discurso. La Fiscalía ha presentado recientemente una herramienta basada en IA que asiste a los fiscales en la elaboración de escritos de calificación en procedimientos de seguridad vial. Junto a esas oportunidades aparecen desafíos de transparencia, protección de datos y prevención de sesgos, que deben abordarse con especial rigor porque afectan a derechos fundamentales y libertades públicas. Según la Fiscal General, la digitalización debe mantenerse siempre dentro del marco de la Constitución y con pleno respeto a esos derechos.
